Incertidumbre política, económica y crediticia local son los principales factores que impactan en las decisiones de las inmobiliarias, señalan en el sector.

04/11/2021

Imagen: emol

Los permisos de edificación son uno de los indicadores relevantes de la actividad futura del sector de la construcción. El último comportamiento de estos anticipa una posible postergación de inversiones en el sector inmobiliario residencial, debido a la incertidumbre política, económica y crediticia, por el impacto de las alzas de tasas y la reducción de plazos de hipotecarios, indican en el rubro.

Una fuerte baja de 46,8% registraron estos permisos de obras nuevas para viviendas en septiembre, cuando sumaron solo 562.321 metros cuadrados, poco más de la mitad de los cerca de 1,06 millones de m{+2} registrados en igual mes de 2020 y 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En julio y agosto de 2021, la superficie autorizada también había superado el millón de metros cuadrados.

En los nueve primeros meses de este año, los permisos de edificación sumaron 7,53 millones de m{+2}, cifra que si bien es mayor en 4,6% a la de enero-septiembre de 2020, es 21% inferior a la de idéntico lapso de 2019, período previo a la pandemia y al estallido de octubre de ese ejercicio.

“Los desarrolladores inmobiliarios están analizando en cada momento lo que está aconteciendo, pues cualquier inversión en el rubro tiene alcances de mediano plazo. La situación en estos meses está marcada por la incertidumbre y la ausencia de análisis técnico de las decisiones. Una prueba flagrante es lo de los retiros en los fondos de pensiones y rentas vitalicias, cuando obviamente no son necesarios e influyen en los aumentos de las tasas de interés y en la subida de la inflación, lo que está dañando la accesibilidad habitacional”, comenta Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

“Eso está percibido por las empresas y por ello han puesto, en muchos casos, pausa al inicio o puesta en marcha de nuevos proyectos. El gran problema de esta industria es tener productos terminados que no se venden, lo que si bien en este momento no existe, el temor a ello hace postergar decisiones de inversión”, agrega Domínguez.

El gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Javier Hurtado, indica que “lo normal es que ese mes presente cifras más bajas por tener menos días laborables en comparación con otros meses. Pero claramente la caída de este septiembre ha sido especialmente pronunciada, lo cual podría ser un anticipo de un escenario menos favorable para la demanda por vivienda. Se suma el encarecimiento de los créditos, que también limitará el financiamiento hipotecario, especialmente en la clase media. Es probable que los compradores tomen una actitud de wait and see”.

Mónica Álvarez de Oro, presidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), afirma que “efectivamente estamos viviendo un escenario de incertidumbre política, económica y social muy grave en nuestro país, producto de variados factores como el estallido social, la pandemia, futuras elecciones presidenciales muy poco previsibles, alza en las tasas de créditos hipotecarios, aumento en el costo de los materiales de construcción, etcétera”.

A lo anterior, añade, se agregan incertidumbres jurídicas en la revisión de los permisos, el cambio entre los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu) a Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), “todavía muy confuso”, dice; una futura reglamentación térmica con “enormes falencias, el atraso en la revisión de proyectos y las inconsistencias entre el Ministerio de Vivienda y las Direcciones de Obras referente a la tramitación de permisos”. Por ello, estima que “estamos en una tormenta perfecta en cuanto al futuro de la construcción en nuestro país”.

La discusión sobre la nueva Constitución también ha puesto la inversión en un estado de stand by, indican en el rubro. Se añade la decisión de inversionistas de fondos que se han retirado parcialmente de iniciativas en moneda local y “traspasado recursos al extranjero o al dólar y, por ello, muchas empresas tienen un acceso más bajo a financiamiento de proyectos nuevos”, comenta Domínguez.

PROYECCIONES

En la CChC estiman que el tiempo promedio entre permisos e inicio de obras se ubica entre seis y 12 meses, por lo que un menor volumen de permisos comenzaría a afectar a la actividad constructora hacia la última parte de 2022 o inicios de 2023.

Álvarez de Oro sostiene que “en un escenario tan incierto como lo tenemos ahora, es vital que desde ministerios, sobre todo desde Vivienda y Urbanismo, se den señales claras y que otorguen certezas. Estas señales deben originarse escuchando e incorporando las opiniones de los actores involucrados. Con esto, se daría un sustento normativo para reactivar la construcción en nuestro país”.

El director ejecutivo de la ADI estima que “si se empiezan a tejer certezas, muy rápidamente la industria reaccionará, en cambio si este clima continúa, seguirá un desarrollo más bien débil”.

Fuente: El Mercurio